Este año, el SAT activó el Programa de Regularización Fiscal 2026, una oportunidad concreta para regularizar créditos fiscales pendientes con descuentos de hasta el 100% en multas, recargos y gastos de ejecución. No es una amnistía general: tiene criterios de elegibilidad y un plazo que se cierra el 31 de octubre de 2026.
¿Quién puede acceder? Personas físicas y morales cuyos ingresos en el ejercicio 2024 no hayan superado los 300 millones de pesos, que no cuenten con sentencia condenatoria por delitos fiscales y que no figuren en los listados del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, es decir, en los registros de contribuyentes con presunción de operaciones inexistentes.
El proceso implica presentar una solicitud a través del portal del SAT o de forma presencial. Una vez validada, la autoridad emite una línea de captura para efectuar el pago, que puede hacerse en hasta seis parcialidades, con la última a más tardar el 30 de noviembre de 2026.
Lo que veo en la práctica: muchas empresas no inician este trámite porque no saben si califican, porque tienen dudas sobre si el crédito ya es firme o porque asumen que el costo de regularizarse es mayor que el beneficio de esperar. En la mayoría de los casos, ese cálculo es incorrecto.
Un crédito fiscal no resuelto no desaparece. Se actualiza, genera recargos y puede derivar en embargo, bloqueo de sellos digitales o cancelación de registros ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. El programa actual ofrece una ventana de corrección con condiciones que difícilmente se repetirán.
Mi recomendación: si tienes o sospechas que tienes un adeudo con el Servicio de Administración Tributaria, este semestre es el momento de revisarlo con un profesional, evaluar si calificas para el programa y tomar una decisión documentada.
La tranquilidad fiscal no se construye esperando. Se construye actuando con información.