El pasado 3 de marzo, el Decreto de Reforma Constitucional que modifica el Artículo 123 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Con ello quedó establecida la reducción progresiva de la jornada laboral: 46 horas en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y 40 horas semanales en 2030. El salario se mantiene íntegro en cada etapa.
Lo que muchas empresas aún no dimensionan es el alcance real de la adecuación documental. No se trata únicamente de cambiar una cifra en el contrato. La reforma exige revisar contratos individuales y colectivos, reglamentos interiores de trabajo, políticas de asistencia y control de horarios, esquemas de turnos, y la estructura de prestaciones asociadas a la jornada. Cada uno de esos documentos debe ser coherente con el nuevo marco constitucional antes de que entre en vigor la primera etapa el 1 de enero de 2027.
El riesgo de no actuar no es abstracto. Una empresa con contratos que aún reflejen jornadas de 48 horas a partir del año que entra enfrenta un incumplimiento estructural que puede derivar en inspecciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, demandas laborales, y contingencias en materia de seguridad social. La adecuación tardía no solo es más costosa: puede generar pasivos que afectan directamente la operación del negocio.
El periodo que transcurre entre hoy y el cierre del año es el margen técnico que la propia reforma concede a las empresas para ordenar su casa. Usarlo con método es la diferencia entre una transición controlada y un ajuste de emergencia en diciembre.
En LGO Abogados acompañamos a las empresas en la revisión integral de su documentación laboral, la adecuación de reglamentos y la construcción de contratos que sean sostenibles no solo para la primera etapa de la reforma, sino para el proceso completo que culminará en 2030.