El pasado 1 de mayo de 2026, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que modifica la Ley Federal del Trabajo para implementar de manera gradual la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. No es una propuesta, no es un proyecto en comisiones. Es vigente hoy.
El esquema es progresivo: la jornada máxima pasa de 48 a 46 horas en 2027, luego a 44 en 2028, a 42 en 2029, y finalmente llega a 40 horas para 2030. Cada dos horas menos representan un ajuste real en turnos, nóminas, contratos individuales y reglamentos interiores de trabajo. Para una empresa con operación continua, eso no es un trámite menor.
Tres puntos que toda empresa debe tener claros desde ahora:
Primero, la reducción de horas no puede traducirse en reducción de salario. La ley es explícita: los salarios y prestaciones de los trabajadores se mantienen intactos. Cualquier intento de ajustar compensaciones como consecuencia de esta reforma genera responsabilidad patronal.
Segundo, a partir del 1 de enero de 2027 será obligatorio el uso de sistemas electrónicos de registro de jornada, supervisados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Las empresas que no cumplan se exponen a multas que pueden superar los 590,000 pesos.
Tercero, el tiempo extra tiene nuevas reglas: se paga al doble de la hora ordinaria y no puede rebasar las doce horas por semana. Más allá de ese límite, la empresa está fuera de la ley.
El calendario existe. Lo que no existe aún, en muchas empresas, es el plan de implementación.
Para los negocios en Jalisco, donde el 98% de las unidades económicas son micro, pequeñas y medianas empresas, la ventana entre hoy y enero de 2027 es el momento estratégico para revisar contratos, actualizar el reglamento interior de trabajo, auditar jornadas reales y ajustar sistemas de nómina. Hacerlo en orden evita contingencias laborales que siempre salen más caras que la prevención.